El acuerdo entre Turquía y la Unión Europea firmado ayer suscita muchas dudas legales y éticas. Proponemos un análisis de los puntos clave de un pacto que, más que resolver la urgencia humanitaria, ha puesto en jaque la integridad de los valores europeos.

Rafael Guillermo LÓPEZ JUÁREZ

Hasta ayer era solo un principio de acuerdo, pero la magnitud del despropósito era tal que la polémica estaba servida. Ahora que el pacto está cerrado, las consecuencias en la opinión pública se vuelven imprevisibles y esta, con bastante seguridad, reprobará el pacto. A principios de marzo, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordaron con Turquía una serie de medidas aprobadas ayer (18 de marzo de 2016) para intentar contener el número de refugiados que llegaban a suelo comunitario.

Por cada refugiado sirio irregular procedente de Turquía, otro sirio, que ya resida en Turquía de forma legal, será trasladado a la UE por vía aérea.

La primera de ellas consiste en devolver en caliente a Turquía los miles de migrantes que llegan a diario a las islas griegas. El procedimiento, conocido como el «por uno otro», es el siguiente: por cada refugiado sirio irregular procedente de Turquía, otro sirio, que ya resida en Turquía de forma legal, será trasladado a la UE por vía aérea. Suena disparatado, pero lo que la Comisión Europea pretende desincentivar es el tráfico ilegal de seres humanos: todo sirio que sea interceptado al intentar entrar en Grecia será reenviado a Turquía y allí se pondrá a la cola de los que se benefician de la redistribución legal acordada, de tal modo que, concluye la Comisión, habrá menos intentos porque el procedimiento los desmotivará. Sí, es un razonamiento que hace aguas por todas partes. Parece que los líderes europeos se olvidan de que los sirios huyen de males mayores y de que no tienen nada que perder. Esta regla, además, solo es válida para los migrantes sirios; al resto de nacionalidades les esperará una devolución automática y sin contraprestaciones.

El Consejo Europeo también prevé el cierre definitivo de la ruta de los Balcanes para salvaguardar Schengen, ya que argumentan que una protección deficitaria de las fronteras externas de Europa podría acarrear el restablecimiento de las fronteras internas.

La UE doblará los 3000 millones de euros de ayuda que ya había acordado el año pasado con Turquía.

Otra medida son los 700 millones de euros de asistencia a Grecia que la Comisión ha anunciado. El ejecutivo pretende también ayudar al país heleno a establecer un mecanismo de repatriación a gran escala.

A cambio de la colaboración de Ankara, sin embargo, la UE ha debido realizar varias concesiones difíciles de cumplir en la práctica. Primero, se doblarán los 3000 millones de euros que la Unión ya había acordado el año pasado (de quién financiará el aumento no se sabe nada). Ankara también ha solicitado que sea en junio, y no en octubre, cuando se supriman los visados a los ciudadanos turcos que viajen al espacio Schengen. Por último, los líderes europeos han aceptado dar un nuevo impulso a las negociaciones para la adhesión turca a la UE, que llevan años bloqueadas. Concretamente, la Unión se ha comprometido a abrir cinco de los treinta y cinco capítulos que componen la carpeta de obligaciones que todo Estado ha de cumplir para su admisión. Por pocos que puedan parecer los capítulos a simple vista, el enredo no deja de ser idílico, puesto que las trabas para que Turquía forme parte del club son numerosas y de resolución improbable, al afectar a cuestiones tan sensibles como el conflicto chipriota o, incluso más importante, el reparto de poder en Europa. De hecho, de ser miembro, a un país tan poblado como es Turquía, cuya población ronda los 75 millones, prácticamente al mismo nivel que los 80 millones de alemanes, le correspondería una representación institucional y, por ende, un poder en Bruselas tal que pondría patas arriba el funcionamiento mismo de la Unión.

LAS DIFICULTADES LEGALES DEL ACUERDO

Los líderes europeos anunciaron su intención de «respetar la legislación europea e internacional», pero muchos van a tener que ser los subterfugios legales y discursivos para sortear la evidencia de que el actual acuerdo vulnera, en ciertos puntos, el derecho de asilo. Más ardua aún va a ser la tarea de convencernos de que la Unión no está poniendo en jaque la integridad de sus valores fundadores. El Centre for European Policy Studies (CEPS), en una nota política redactada por Sergio Carrera y Elspeth Guild, explica por qué en efecto existen ciertas dificultades legales.

Como indicación general, valga decir que el derecho de la Unión prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros, tal y como reza el artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de rango constitucional en el orden comunitario, que ha de leerse conjuntamente con la Convención Europea de Derechos Humanos y con las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 

Esto es relevante porque cada vez que un Estado socorre a un migrante, como es el caso de los guardacostas que los rescatan en el mar, la convención es vinculante. Por ello, todo intento de devolverlos a un país que no sea considerado seguro sin brindarles la oportunidad de solicitar protección internacional constituye una expulsión colectiva y es ilegal.

A su vez, incluso en el supuesto de que se les haya permitido realizar la solicitud, se produce una doble violación de Derechos Humanos y de la prohibición de expulsión recogida en el derecho internacional cada vez que se pretenda expulsarlos sin que dicha solicitud haya sido considerada previamente en modo y forma adecuados.

Por todo ello, la única excusa válida para defender la posición de los líderes europeos, y librarse así de causas por incumplimiento de la legalidad internacional, es el supuesto de que Turquía fuese en efecto un «país tercero seguro». Sin embargo, de acuerdo con ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, dicho concepto solo es aplicable a aquellos Estados que, por sí mismos, no produzcan refugiados o aquellos en los que los refugiados disfruten ya de un asilo privilegiado sin peligro alguno.

He aquí la difícil tarea de concluir si Turquía constituye entonces un Estado seguro, una pregunta cuya respuesta parece en gran medida negativa, porque, a pesar de que el país es signatario de la Convención Europea de Derechos Humanos, lo cierto es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha abierto numerosos expedientes al país mediterráneo por torturas, trato inhumano y degradante y castigos contra refugiados y contra su propia población.

Da la impresión de que los Estados estén maniobrando para relegar el asunto de los refugiados a una cuestión turca, pero no servirá de nada.

La Comisión, en cambio, prefiere escurrir el bulto. Según explicó Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, dado que Grecia considera a Turquía un país seguro no debería producirse ningún litigio. Sobre todo porque la directiva europea en materia de asilo establece que todo Estado miembro tendrá derecho a rechazar la tramitación de una solicitud de protección internacional siempre y cuando el solicitante proceda de un país considerado seguro. La incómoda realidad, sin embargo, es que Turquía no se encuentra en la lista común europea de países seguros.

Da la impresión de que los Estados estén maniobrando para relegar el asunto de los refugiados a una cuestión turca. No lo conseguirán. Como advierte el Centre for European Policy Studies, no habrá que esperar largo tiempo hasta que se produzcan las primeras denuncias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

LOS DATOS

No obstante, ¿cuál es la verdadera magnitud del problema?

En lo que va de año (marzo de 2016), han conseguido llegar a suelo europeo, según facilita Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, unos 120.000 individuos. El año pasado hubo 1.255.600 solicitantes de asilo en la Unión Europea, una cifra que ya doblaba la del año anterior. Sin embargo, de dichas solicitudes 922.800 seguían en trámite a finales del 2015. Por nacionalidades, son los sirios los más numerosos: 362.800 solicitaron protección, una cifra que dobla la del año anterior, seguidos de los afganos (178.200) y de los iraquíes (121.500).

Por países, Alemania fue el país que más solicitudes de asilo recibió en 2015 (441.800, lo que equivale al 35% del total de solicitudes al conjunto de la UE), seguido de Hungría (174.400, un 14%) y de Suecia (156.100, un 12%). Si en cambio relativizamos el número de solicitantes y lo comparamos con el número de habitantes de los Estados, Hungría sería el más afectado, con 17.699 por cada millón de habitantes; luego Suecia, con 16.016; y en tercer lugar Austria, con 9.970. Alemania, en este caso, quedaría relegada a un quinto puesto, con 5.441. Turquía, por su parte, registra por el momento unos tres millones de refugiados, según datos de la propia Comisión Europea.

Sorprende, con todas las salvedades necesarias, el caso del Líbano. Su población es de 4,4 millones, exigua si la comparamos con los 507 millones de habitantes que conforman la Unión Europea. Con todo, el Líbano es el país con la mayor concentración de refugiados per cápita del mundo. Allí el número de refugiados asciende a 1,1 millones de sirios que, sumados a los 42.000 palestinos procedentes de Siria, a los 6000 iraquíes y a los 450.000 palestinos que viven en el país mediterráneo, nos da cuenta de que la proporción es de un refugiado por cada cuatro habitantes. En absoluto estamos argumentando que el modelo libanés sea el adecuado; tampoco obviamos la tensa situación social que allí se respira: solo pretendemos poner en perspectiva los datos europeos. Bien es cierto que para responder a esta crisis el Líbano ya recibe de la Comisión Europea 269,1 millones de euros en ayuda humanitaria.

LA CRÍTICA DE LA FUNDACIÓN ROBERT SCHUMAN

Tal y como relata la fundación francesa Robert Schuman, los europeos nos volvimos vulnerables ante Turquía cuando decidimos creer que ella sola dispondría de la capacidad, si así lo deseaba, de frenar los flujos migratorios hacia Europa occidental: un total espejismo. Por el contrario, hemos cerrado los ojos sin aparente remordimiento a las constantes violaciones de Derechos Humanos que en los últimos años se han venido sucediendo bajo el régimen cada vez más autoritario de Recep Tayyip Erdoğan, el presidente turco.

Más valdría que, en lugar de cerrar los ojos a los atropellos del régimen, los líderes europeos presionaran para que fuesen respetados.

La ONG Freedom House clasifica a Turquía como un país sin libertad de prensa y «parcialmente libre» respecto del uso de Internet. Reporteros sin fronteras (RSF), también valorando la libertad de prensa, coloca al país en 149ª posición sobre 180 países, por detrás de Níger, Liberia, Zambia, Mali y Zimbabue. Y hay más: el país fue líder en 2015 en número de denuncias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Más pronto que tarde, advierte la fundación, la Unión acabará acogiendo, si no pone remedio a los atropellos de Erdoğan, también a los futuros refugiados turcos y kurdos. Más valdría pues que, en lugar de cerrar los ojos a los desmanes del régimen, los líderes europeos presionaran para que los Derechos Humanos fuesen respetados.

La experiencia europea nos demuestra que los problemas se han de afrontar sin dilaciones y con generosidad, antes de que se tornen mayúsculos; porque luego, se sabe, suele ser demasiado tarde para frenar las fuerzas imprevisibles que se desatan. Este pacto no es digno de Europa; urge devolver al proyecto común todos los matices morales que lo hacen especial.

Siga leyendo:

El plan entre la UE y Turquía para la gestión de los refugiados está plagado de desafíos legales y procedimentales (10/03/16), Centre for European Policy Studies, por Sergio CARRERA y Elspeth GUILD (en inglés).

Turquía y el nuevo criterio de Copenhague: ¡el asilo! (14/03/16), Fundación Robert Schuman, por Cengiz AKTAR (en francés).

Bebés en el barro, abortos espontáneos y madres sin leche: por qué Idomeni es la vergüenza de Europa (12/03/16), un reportaje de EL ESPAÑOL, por Mariangela PAONE (en español).