Cinco propuestas para una nueva Europa a 27: cuarta parte, más democracia

Jean-Claude Juncker, actual presidente de la Comisión Europea, en una sesión del Parlamento Europeo en Estrasburgo

Tercera propuesta: que los ciudadanos voten directamente al presidente de la Comisión y a su ministro de economía.

Rafael Guillermo LÓPEZ JUÁREZ

Esta reforma era natural, casi obvia. Si habíamos propuesto que Europa se dotase de un presupuesto más elevado para dirimir las cuestiones que afectan al conjunto del continente (segunda propuesta) y que la Comisión dispusiese de más elementos para analizar las medidas que habrían de tomarse (primera propuesta), parece lógico que ahora apoyemos que se incremente el nivel de democracia y de control ciudadano al que se habría de someter esta Comisión reforzada.

Nada en economía ni en política es puramente técnico; esta es una consigna falaz, si bien repetida en numerosas ocasiones en los últimos años. Todo es fruto de una decisión, de un plan o rumbo precisos, de una ideología en particular; es normal. Sin embargo, precisamente por esto conviene que los presidenciables y los partidos políticos, en un debate verdaderamente europeo, propongan a los ciudadanos antes de someterse a las urnas un programa completo para cinco años, unas líneas maestras de futuro, para que luego ellos, informados, decidan qué dirección desearían mayoritariamente que tomara al continente.

Nunca hasta la fecha se ha podido poner en práctica en la Unión el sano juego político entre derecha y izquierda.

Por tanto, puesto que la Comisión Europea tendría más poder sobre la política fiscal de los países miembros de la Unión Europea nuestra tercera propuesta consiste claramente en que los ciudadanos voten de forma directa al presidente de la Comisión y a su ministro de economía. Ahora bien, esta elección debería producirse antes de las elecciones legislativas al Parlamento Europeo, institución que seguiría teniendo el deber de controlar, ahora incluso de manera más independiente, al poder ejecutivo. Este modo de proceder no es nuevo; existe por ejemplo en Francia. Allí los franceses eligen al presidente de su República y, un mes después, al congreso que deberá acompañarlo —y controlarlo— durante sus cinco años al frente del país. Este orden cronológico es útil ya que normalmente las mayorías del segundo coinciden con el color político del presidente electo.

Si en Francia el sistema proporciona una relativa estabilidad institucional sin ahogar el debate político, nuestra propuesta cobra todo su sentido en el contexto europeo por una razón meramente política: nunca hasta la fecha se ha podido poner en práctica en la Unión el sano juego político entre derecha y izquierda; y no tanto porque históricamente fuese más necesario dotar de consistencia y de unidad el devenir del proyecto comunitario, sino porque la configuración del Parlamento Europeo, a cada cita electoral, siempre lo ha impedido.

La causa es simple: hasta la fecha ni el Partido Popular ni el Partido Socialista (los dos mayoritarios, aunque podrían ser otros) han obtenido ninguna mayoría holgada en el Parlamento. Esto en sí no es un problema, pero si se da la circunstancia, como se da, de que el Parlamento Europeo es la institución encargada de nombrar al presidente y a los miembros de la Comisión (los comisarios), se produce una paradoja de consecuencias mortíferas para el debate político, ya que se vuelve imprescindible un acuerdo casi permanente entre estos dos grandes partidos (junto con los liberales) para repartirse los puestos de la Comisión, neutralizando el debate. Esta circunstancia reiterada, sin parangón en otros sistemas políticos, ha provocado un consenso de facto entre dos partes que en cambio deberían disputarse la dirección de Europa.

Huelga decir que si un sistema político imposibilita la oposición política interna, dicha disidencia surgirá fuera y rechazará la maquinaria al completo.

No es de recibo apuntar que este consenso y cintura política hasta ahora han sido motivo de elogio y motor de cambio, pero ya no es el caso: se han tornado en lastre porque de todos es sabido que si un sistema político desincentiva la oposición política interna, dicha disidencia surgirá fuera y rechazará la maquinaria al completo. Esta es, de hecho, una de las principales fuentes de las que hoy beben los partidos euroescépticos para alcanzar sus propósitos. Es el sistema, pues, el que debe favorecer la sana batalla dialéctica del disenso. Si este la repele o la neutraliza, como está ocurriendo ahora mismo a nivel europeo, estaríamos ante el fin del propio modelo.

El debate por ende es necesario, la confrontación europeísta también, y esta propuesta permitiría a los ciudadanos elegir de manera concreta el rumbo económico y social del continente. Europa dejaría de ser algo lejano y los pueblos se erigirían en actores de su propio devenir. Esta iniciativa cuenta además con una ventaja: desde el punto de vista legal solo cambiaría el sistema de elección del presidente de la Comisión; el resto permanecería igual. Si hasta ahora dicha figura la elegía el Parlamento Europeo constituido, como es propio de los sistemas políticos parlamentarios como el español, ahora lo harían directamente los ciudadanos.

Esta propuesta permitiría a los ciudadanos elegir de manera concreta el rumbo económico y social del continente.

Sin embargo, si bien este cambio acercaría Europa a los ciudadanos, surgen al menos dos reticencias claras a su puesta a punto. La primera proviene de los ciudadanos, ya que esta reforma supone contar con un alto sentido europeísta y un abandono decidido de la ensoñación de los Estados-nación, algo bastante complicado de aceptar en un momento en que el continente parece avanzar en la dirección contraria. La segunda es propia de los dirigentes políticos nacionales, quienes prefieren mantener Europa alejada de los ciudadanos y que estos solo puedan percibirla a través de su propio tamiz, para seguir controlando el relato de sus éxitos y de sus fracasos que, como es harto conocido, recaen siempre positivamente en ellos y negativamente en Europa.

A izquierda, entre los miembros menos favorables a la integración, y a derecha, entre los círculos más nacionalistas y conservadores, la desconfianza es inmensa. Con todo, es una reforma que se antoja evidente tras la unión monetaria y el aumento del presupuesto europeo. No olvidemos que permitiría a Europa ser funcional y proporcionaría a los ciudadanos la capacidad de decidir el rumbo que desean dar a sus propias vidas, solo que con la potencia que únicamente veintisiete países unidos pueden acumular.

Lea la quinta parte: Menos Consejo Europeo y más comunicación.

 

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