A las puertas del Consejo Europeo del 28 y 29 de junio, LA MIRADA EUROPEA propone un recorrido por algunos países europeos para descubrir cómo están los ánimos y tomarle el pulso al continente. La serie, de tres artículos, será publicada en su integridad a lo largo de los próximos días. En este primer apunte, miramos hacia el este.

Rafael Guillermo LÓPEZ JUÁREZ

Estamos a las puertas del Consejo Europeo más enconado de los últimos años por la gravedad del momento y por las temáticas sobre la mesa. No se veía tal revuelo desde que Grecia le dijera a Europa, allá por 2015, que su supuesta solución para sus problemas era (con razón) todo menos una solución. Pero sí, el 28 y 29 de junio se reunirán los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en su tradicional cita semestral y la cosa está que arde.

No bastará con un Brexit cada vez más cercano (se producirá en marzo de 2019) y con unas elecciones europeas (en mayo de 2019) que vienen cargadas de pólvora por el esperado auge de los partidos antieuropeos. Al cóctel está previsto que se sumen las peleas propias de la negociación del Presupuesto Plurianual (el que enmarcará las políticas de toda la Unión durante los próximos siete años, nada menos) y los tirones de oreja derivados de la exigencia rotunda de los gobiernos de Emmanuel Macron y de Pedro Sánchez, entre otros, de reformar la eurozona para resolver de una vez los defectos técnicos –de manual, vamos– con que nació la unión monetaria. Y aún hay más.

La retórica antidemocrática y xenófoba lleva ya tiempo instalada no solo en los micrófonos sino también en la acción de gobierno de varios países de la antigua órbita soviética.

Un nuevo frente ha copado la prensa en los últimos días hasta el punto de haber eclipsado la inaplazable reforma del euro: la crisis humanitaria de la inmigración y el odio letal de las extremas derechas xenófobas. El tema ha pillado por sorpresa, a pesar de no ser nuevo (llevamos más de diez años de crisis, en realidad), pero ha alcanzado tal envergadura que amenaza incluso con hacer caer el gobierno de coalicion de Angela Merkel. Por ello, Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión, ha avisado de que urge una respuesta europea a la crisis, sin que valgan más bloqueos de los Estados-nación y, para probarlo, ha asumido el liderazgo convocando una reunión informal entre algunos países europeos este mismo domingo. Ante tantos temas, pues, LA MIRADA EUROPEA se pregunta cómo están los ánimos en el continente. Y por desgracia no parece que el escenario sea muy halagüeño.

EL BLOQUE EXSOVIÉTICO, ALÉRGICO A LA DIVERSIDAD

El nacionalismo en los países de la antigua órbita soviética no ha hecho más que aumentar en los últimos años. La retórica antidemocrática y xenófoba lleva ya tiempo instalada no solo en los micrófonos sino también en la acción de gobierno de varios países. Polonia, sin ir más lejos, acaba de aprobar una reforma del sistema judicial que otorga al presidente de la República poderes para prolongar a placer los mandatos de los jueces del Tribunal Supremo. Esta reforma fusiona también la figura del ministro de justicia con la del fiscal general del Estado, acabando de facto con la división de poderes en el país.

Por su parte, Hungría acaba de aprobar una ley conocida popularmente como «Stop Soros», en referencia al empresario multimillonario húngaro George Soros, quien tras muchas presiones por parte del gobierno se ha visto obligado a trasladar su sociedad Open Society fuera del país. Se le acusaba de apuntalar el sistema liberal en contra de la población húngara. Pero hay más: la ley limita también la actividad de las ONG e impone multas a las organizaciones que apoyen o financien la «inmigración ilegal».

De ahí el mal sueño de la Comisión, que busca fórmulas para obligar a estos dos países a respetar las libertades públicas y el Estado de Derecho, aunque parece que ya ha perdido la paciencia con Polonia, pues ha pedido a los gobiernos nacionales que organicen una audiencia formal –que tendrá lugar el próximo 26 de junio– para pedir explicaciones a Varsovia sobre sus actuaciones. Esto supone en la práctica activar el procedimiento sancionador previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, considerado una bomba atómica institucional porque puede acabar con la suspensión del derecho a voto de Polonia en la UE.

En Rumanía la corrupción política parece un cáncer.

Los ciudadanos eslovenos, en el Adriático, también han claudicado ante el discurso xenófobo y han dado la victoria a una formación de ultraderecha, el Partido Demócrata Esloveno, con un 25,03% de los votos. Ahora bien, Janez Jansa, su líder, no lo tendrá nada fácil para lograr un acuerdo de gobierno, pues el resto de partidos ha expresado sus reticencias a pactar con una formación que utilizó en campaña electoral eslóganes que recordaban a los de Donald Trump. El problema es que, con ejecutivo o sin él, resulta igualmente preocupante que una opción nacionalista y antiinmigración se haya impuesto en las urnas.

LOS BALCANES ORIENTALES, A VUELTAS CON LA CORRUPCIÓN

En Rumanía la corrupción política parece un cáncer. Decimos «parece» porque el Índice de Percepción de la Corrupción (2017) de Transparency Internacional sitúa a Rumanía en el puesto 66º a nivel mundial, que mide la corrupción de 197 países. Sobornos, comisiones o conflictos de interés resultan ser algo abrumadoramente común. Aunque la situación ha mejorado, según el último informe de la Comisión Europea en la materia, todavía queda mucho por hacer. De hecho, tal y como recoge El País, dos de cada tres rumanos aseguran «haber pagado o recibido dinero para acelerar un trámite oficial, obtener atención sanitaria o incluso para garantizarse una buena educación». Quizá sea esta la razón por la que cuando en febrero el gobierno rumano intentó aprobar un decreto que despenalizara varios delitos de corrupción, la población, harta, salió a la calle a protestar hasta que el ejecutivo dio marcha atrás. Para poco sirvió, sin embargo: esta semana el parlamento rumano ha vuelto a la carga aprobando una reforma que debilita el poder de los fiscales para investigar casos de corrupción al más alto nivel.

Además, Rumanía cuenta con el mayor nivel de pobreza relativa de la UE. Según el Banco Mundial, el porcentaje de población en riesgo de pobreza era del 38,8% (2016). Según Eurostat, la renta per cápita del país está un 40% por debajo de la media de la UE. A pesar de estos datos, Rumanía se siente optimista sobre sus posibilidades de entrar en el euro en breve. Un dato apoya las tesis del país: Rumanía lideró en 2017 el crecimiento europeo con un 5,7%, dato que confirma que el crecimiento por sí solo no trae consigo la prosperidad si no se acompaña de políticas de redistribución de la riqueza.

La vecina Bulgaria también desea entrar en el euro y está aprovechando que actualmente detenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea para favorecer la libre circulación de trabajadores. Aunque Polonia, Hungría y la República Checa siguen en su diatriba de rechazar toda obligación de acoger a refugiados, Bulgaria ha intentado desde enero que se apruebe una resolución para que estos sean reubicados automáticamente entre los Estados miembros en caso de fuerte afluencia, como en 2015. El tiempo apremia porque, como argumenta Bulgaria, la política de asilo será más difícil de aprobar en cuanto la xenófoba Austria asuma la presidencia rotatoria en julio para el segundo semestre de 2018.