Primera propuesta: consolidar los parámetros sociales junto con los presupuestarios en el procedimiento conocido como Semestre Europeo.

Rafael Guillermo LÓPEZ JUÁREZ

Son muchos los que afirman que la Comisión Europea o, de manera más abstracta, «Bruselas» no es más que un monstruo que impone una disciplina presupuestaria a nuestros pobres dirigentes nacionales. Según este relato, nuestros presidentes no tendrían más remedio que aceptar los designios que impone «Europa», ya que de lo contrario perderían los fondos estructurales que la Comisión asigna o podrían ser multados con sumas estratosféricas. La maligna Bruselas, pues, no haría más que pensar obsesivamente en el déficit, en la deuda pública y en la inflación y, de esta manera, impondría la odiada austeridad sobre todos nosotros. Esta imagen no es sino la caricatura de una realidad mucho más compleja que, empero, al repetirla día sí y día también, se consolida como verdad en el imaginario colectivo.

Los funcionarios europeos no hacen más que aplicar las reglas que los dirigentes de los Estados miembros han estimado oportunas y válidas.

Aún así es cierto: en la Comisión a menudo dan la impresión de estar más preocupados por el déficit que, digamos, por la pobreza infantil. Esa es la sensación que al menos se desprende en los medios de comunicación. Si en parte es verdad se debe a que los eurócratas están muy alejados de sus electores o, peor, no están sujetos a estos y viven en una burbuja impermeable a las críticas exteriores. No obstante, la Comisión Europea no solo está formada por funcionarios sino también por políticos elegidos por el Parlamento Europeo y, más importante aún, los unos y los otros no hacen más que aplicar las reglas que los dirigentes de los Estados miembros han estimado oportunas y válidas. En otras palabras, los eurócratas, es cierto, solicitan que se cumplan una serie de normas, pero estas son las que los dirigentes políticos nacionales decidieron darse, o más claro aún, las que nuestros políticos quisieron autoimponerse firmando unos tratados que hoy en cambio critican. Y no es que no se puedan criticar o cambiar, faltaría más, pero sí es falso repetir que Europa les impone normas, pues las eligieron ellos. Además, todas las reglas que los presidentes de nuestros países no crean justas las pueden modificar en cuanto así lo estimen oportuno. Por tanto, reiteramos, esa imposición exterior es falsa: Europa somos todos y, sin nosotros, no existiría.

Fueron pues los gobiernos nacionales los que, entendiendo (bien) que al unificar el mercado único y la política monetaria sería necesaria una coordinación macroeconómica y fiscal de las cuentas públicas nacionales, se autoimpusieron unas metas y unos límites presupuestarios que serían controlados por un ente común e independiente llamado Comisión Europea. Pues bien: este procedimiento de control anual que tanta polémica suscita se conoce como el Semestre Europeo.

Se han de incluir también parámetros como la tasa de paro, los niveles de pobreza, de crecimiento y de inversión en los procedimientos de control de la salud económica de nuestros países.

Aquí es donde surge el problema y nuestra primera propuesta: en ese procedimiento actualmente se tienen en cuenta únicamente cuestiones como la deuda de los países, su déficit anual, la inflación y algunos elementos más, todos de carácter presupuestario. Valga la pena decirlo: estas son cuestiones esenciales para el buen funcionamiento de nuestras economías y del conjunto de la Eurozona, pero no dejan de ser deficitarias. La crisis ha puesto de manifiesto que dichos parámetros urge complementarlos con otros como las tasas de paro de los países analizados, sus niveles de pobreza infantil y general, su crecimiento económico, el nivel de inversión, etc.

Si simplemente incluyéramos estos objetivos (mal llamados «sociales») en el Semestre Europeo, la maligna Europa se convertiría en un ente mucho más afable. La Comisión Europea, así, seguiría coordinando las economías de los países y seguiría aplicando los tratados europeos. La única diferencia es que ahora la letra de dichos acuerdos incluiría elementos que permitirían sopesar, racionalizar y flexibilizar las exigencias de reducción del déficit, es decir, los recortes presupuestarios, en función de otras necesidades igualmente apremiantes y se tendrían en cuenta también los excesos de ahorro de otros países que, como Alemania, desfiguran el concepto mismo de equilibrio en una unión monetaria.

La consecuencia inmediata de una reforma tan sencilla y, sin embargo, de tanto calado, es que en países como España (hoy, aunque en el futuro podrían ser otros del norte) la consolidación fiscal se produciría de forma mucho más pausada y, además, no sería casi necesaria ya que vendría acompañada de nueva inversión y de crecimiento, así como de creación de empleo de calidad gracias a la confianza producida por unos elementos de análisis mucho más completos y reales que los presupuestarios sin más.

Se trata, por ende, de una reforma bastante sencilla que podría proporcionar un elemento de ponderación y de equilibrio en los análisis y en las recomendaciones de la Comisión Europea. El que no se lleve a cabo, sin embargo, conviene recordarlo, no depende de la maligna Bruselas: la culpa recae completamente en nuestros dirigentes políticos nacionales, que no han querido añadirlos en los tratados europeos que ellos mismos diseñan y firman a su antojo.

Lea la tercera parte: Un presupuesto europeísta.