En el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, Europa del Este fue una de las regiones mundiales peor paradas, con una puntuación promedio comparable a la de Asia Central. Es muy fácil ver por qué: Bielorrusia, Serbia y Ucrania, pero también Estados miembros de la UE como Rumanía, Bulgaria y Croacia, son países en los que los niveles de percepción de la corrupción son muy altos. La Fiscalía Europea se erige así en un actor clave para dar una solución a esta cuestión.

Radu DUMITRESCU

La situación actual en Europa oriental se puede explicar de varias maneras, una de las cuales es histórica: los Estados de Europa del Este aparecieron más tarde que el resto bajo la presión de grandes imperios como el austrohúngaro, el otomano o Rusia.

En esta zona, los gobiernos se erigieron desde el centro y se expandieron gradualmente para incluir a otras regiones, lo que permitió superar la cultura del autogobierno regional que nunca faltó en Alemania. Un periodo tumultuoso de entreguerras dio paso a un periodo prolongado de gobierno comunista en el que la corrupción generada por el partido único se esparció por todos los niveles del sistema político y administrativo.

Abandonada por la historia, en 1989 Europa del Este se volvió hacia su hermana occidental, más rica, democrática y más liberal. Tuvo que alterar su sistema y mostrar signos significativos de mejora. A Rumanía y a Bulgaria, integradas mucho más tarde en la UE, se las colocó bajo el Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV), una herramienta creada por la Comisión para abordar la reforma judicial y la corrupción en ambos países.

Los socialdemócratas, en el poder en Rumanía desde 2012, han emprendido junto con sus socios liberales una revisión del poder judicial, aprobando leyes de emergencia que permiten pasar por alto el parlamento.

El objetivo de este mecanismo es llevar un registro del progreso de ambos países en dichos ámbitos tras su adhesión a la Unión Europea. La Comisión, sobre la base de numerosas fuentes, incluida la sociedad civil y ciertos organismos internacionales, da cuenta de los objetivos logrados y recomienda nuevas medidas para avanzar en la lucha contra la corrupción.

EL GOBIERNO CONTRA EL PODER JUDICIAL

Sin embargo, Polonia, Hungría y Rumanía han retrocedido en las reformas relativas al poder judicial. Por ejemplo, hasta 2012, Rumanía mejoró su calificación paso a paso, mostrando un aumento en la confianza de sus ciudadanos en el Estado de Derecho y la imparcialidad de los jueces. Sin embargo, los socialdemócratas, en el poder en Rumanía desde 2012, han emprendido junto con sus socios liberales una revisión del poder judicial, aprobando leyes de emergencia que permiten pasar por alto el parlamento.

Aunque criticadas y debatidas incluso dentro de la coalición gobernante, algunas de las leyes de emergencia se refieren directamente a la Dirección Nacional Anticorrupción. En lo que solo se puede describir como una Polonia inversa (el Partido Ley y Justicia que gobierna Polonia redujo la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo, lo que hizo que muchos tuvieran que abandonar sus puestos), los socialdemócratas en Rumanía han aumentado el número de años de experiencia requeridos para que un fiscal pueda formar parte de la Dirección Nacional Anticorrupción. Así, se requerirán diez años de actividad como fiscal para que un candidato sea elegible y quince para convertirse en fiscal general, frente a los ocho que se requieren hoy. Como estas reglas se aplicarán a la institución existente, junto con otra que requiere una oposición pública para ser contratado por la Dirección Nacional Anticorrupción, todos los fiscales serán susceptibles de ser despedidos.

En Rumanía y en toda Europa del Este, el poder judicial está cada vez más politizado, rompiendo así uno de los principios fundamentales de la democracia.

La Constitución de Rumanía establece que los fiscales ejercen su labor «bajo la autoridad del ministro de justicia», algo que el Tribunal Supremo de Rumanía ha reforzado recientemente. Con todo, actualmente es el mismo ministro de justicia el que ha presentado al presidente del país su candidatura a fiscal general de la Dirección Nacional Anticorrupción, a sabiendas de que el presidente solo puede rechazar un nombramiento una vez, incluso habiendo recibido una recomendación negativa del Consejo Superior de Magistrados.

En Rumanía y en toda Europa del Este, el poder judicial está cada vez más politizado, rompiendo así uno de los principios fundamentales de la democracia, enunciado por Montesquieu: la separación de poderes dentro del Estado.

LA FISCALÍA EUROPEA

La Unión Europea no se puede permitir que dos de sus miembros más recientes, cuya población encabeza los índices de menor participación en las elecciones europeas, caigan en manos de la corrupción y del abuso de poder.

La previsión del presupuesto comunitario para políticas de desarrollo regional y de cohesión entre los años 2021 y 2027 se encuentra en torno a los 373 millones de euros. Los líderes europeos lo han incrementado en años anteriores, como reconocimiento de la necesidad de que las zonas menos desarrolladas del continente avancen y logren crear puestos de trabajo, oportunidades y mercados en una situación ventajosa para todos los involucrados. Sin embargo, a pesar de las numerosas declaraciones y comunicados de prensa que mencionan la «preocupación» generalizada, el Estado de Derecho parece ser el gran olvidado a la hora de tomar medidas concretas.

Con sede en Luxemburgo, la Fiscalía Europea operará con total independencia de otros organismos europeos y, lo que es más importante, de los intereses nacionales.

Es primordial una mayor cooperación, no solo para lograr un mayor desarrollo regional, sino también una justicia independiente. A tal efecto se estableció la Fiscalía Europea en junio de 2017. Con base jurídica en el Tratado de Lisboa y en el artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Fiscalía Europea nació con la intención de hacer lo que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, Eurojust (el órgano de la UE para el refuerzo de la cooperación judicial entre Estados miembros) y la Europol (la Oficina Europea de Policía) no pueden hacer: investigar y enjuiciar a defraudadores.

Mientras el resto de organismos solo puede interponer acciones administrativas, que luego han de remitirse a las autoridades nacionales, la Fiscalía Europea llevará a cabo investigaciones independientes en todos los Estados miembros que en su momento aceptaron este tipo de cooperación reforzada. Para lograrlo con éxito, contará con la ayuda de las autoridades nacionales, sin por ello estar subordinada a ellas.

Con un fiscal general europeo y veintiún fiscales más, uno por cada Estado miembro participante, se espera que este organismo comunitario comience a analizar sus primeros casos en 2020. Con sede en Luxemburgo, la Fiscalía Europea operará con total independencia de otros organismos europeos y, lo que es más importante, de los intereses nacionales.

Europa del Este necesita a la Fiscalía Europea más que al aire. No debemos permitir que se convierta en otra institución placebo que deban tragarse Polonia, Hungría, Rumanía o Bulgaria ante la Unión Europea. En 2017, Alemania recibió 60.000 inmigrantes de Siria, pero también recibió 73.000 de Rumanía, 34.000 de Polonia, 33.000 de Croacia y 30.000 de Bulgaria. La corrupción crea pobreza y aleja a las personas de su tierra natal, como lo hace la guerra civil. La única diferencia es que se produce a un ritmo más lento.

Traducción de Rafael Guillermo LÓPEZ JUÁREZ

Este artículo fue publicado en inglés en The New Federalist el 20 de octubre de 2018. El autor ha dado su consentimiento expreso para publicarlo en español en LA MIRADA EUROPEA.

Radu DUMITRESCU es uno de los directores de The New Federalist. Radu estudia actualmente política comparada, con especial énfasis en el comportamiento de los votantes y en asuntos europeos. En 2018 ganó un concurso de blogs de la Comisión Europea.